Valencia y Gandia no contarán con viviendas de la Sareb para el plan del Gobierno de crear un parque público de alquiler asequible. La mayoría de los inmuebles en condiciones de ser habitados ya fueron vendidos hace más de dos años, y actualmente la oferta se limita a obras inacabadas, solares y locales comerciales.
Cuando el presidente Pedro Sánchez anunció en abril la cesión de 30.000 viviendas de la Sareb al SEPES, en las grandes ciudades de la provincia de Valencia ya no quedaban viviendas disponibles listas para entrar a vivir. Así lo confirma Santiago Ares, miembro de Asicval y presidente de Aismar: “Todas las viviendas habitables de la Sareb se agotaron hace año y medio en Gandia, y hace más de dos años en Valencia”.
De las 6.700 viviendas de la Sareb en la Comunitat Valenciana, alrededor de 3.800 están vacías pero no habitables, y otras 450 están ocupadas por inquilinos que no son vulnerables, según datos de la entidad.
La mayoría del stock actual se compone de promociones paralizadas desde hace años, algunas apenas iniciadas o con estructuras sin finalizar, como es el caso de un edificio en Aldaia o los cimientos de una obra en Vilamarxant. En Benicarló, por ejemplo, se vende una promoción entera aún sin terminar, con cuatro alturas y 12 viviendas.
Hipoges, una de las firmas que gestiona activos de la Sareb, tiene en comercialización 435 viviendas en Valencia, todas en fase de construcción.
A esto se suman otras 3.600 propiedades bloqueadas por procesos judiciales, ocupación ilegal o falta de titularidad completa, lo que limita enormemente su disponibilidad para el parque público.
Desde el sector, se advierte sobre la falta de realismo del anuncio: “No se pueden crear falsas expectativas ante este drama”, señala Nora García, presidenta de Asicval. “La mayoría de estas viviendas no están en condiciones, y no servirán a corto plazo si no se invierte para terminarlas”.
La vivienda continúa siendo uno de los principales problemas sociales en España, afectando especialmente a jóvenes y familias trabajadoras. Aunque el Gobierno ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, los expertos insisten en la necesidad de ser transparentes con la situación real del parque inmobiliario.
