La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor (Projecte Oliva), ha destituido a la concejala Maria Bertomeu, también de su propio partido, tras el escándalo relacionado con la custodia de caballos incautados por maltrato animal y la presunta reventa fraudulenta de alimento destinado a esos animales.
Bertomeu, hasta ahora una de las figuras más destacadas del gobierno local, pierde todas sus delegaciones —entre ellas las de Bienestar Animal, Comunicación, Medio Ambiente y Juventud— y dejará de percibir su sueldo como edil, aunque se mantiene como concejala rasa en el grupo de PRO a la espera de las conclusiones de la comisión de investigación que se ha acordado constituir.
El detonante de la crisis es la denuncia de un particular —policía local en otro municipio— que asegura haber pagado más de mil euros por paja, pienso y alfalfa que en realidad habían sido adquiridos por el Ayuntamiento de Oliva para los siete caballos incautados por la Guardia Civil. El comprador, al descubrir el supuesto fraude, presentó un escrito formal de denuncia ante el consistorio, lo que destapó el caso.
La situación se agrava al saberse que el encargado de la cuadra donde se encuentran los animales es la pareja sentimental de Bertomeu, y que en el mismo recinto había otros caballos de propietarios privados, que también se habrían beneficiado de los recursos públicos municipales, poniendo en riesgo la custodia judicial de los animales incautados.
Ante estos hechos, Pastor ha ordenado la retirada inmediata de todos los animales que no estén bajo tutela judicial y ha anunciado la creación de una comisión de investigación que será constituida en el próximo pleno municipal. “Si se confirma que se ha cometido alguna irregularidad, se tomarán las medidas oportunas con todas las consecuencias”, ha advertido la alcaldesa.
La oposición exige su dimisión inmediata
La decisión de Pastor no ha satisfecho a los grupos de la oposición municipal, que consideran que la alcaldesa debería haber exigido el acta a Bertomeu. Las portavoces del PSPV (Ana Morell) y Compromís (Yolanda Navarro), así como el portavoz del Partido Popular (Germán Salazar), consideran que las pruebas ya conocidas y el comportamiento de Bertomeu son motivo suficiente para su dimisión inmediata.
Durante la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada por la mañana, la concejala compareció, pero evitó responder a las preguntas de sus compañeros. “Ni siquiera saludó y se negó a aclarar nada”, denuncian los portavoces de la oposición, que acusan a la alcaldesa de intentar “pasar página” sin asumir responsabilidades políticas.
“El encargado sigue en su puesto, las explicaciones han sido vagas, y se ha obviado el contenido de la denuncia”, criticó Morell. Navarro fue aún más tajante: “La reunión ha sido puro postureo. La mayoría de preguntas obtuvieron un ‘no sabemos nada’ por respuesta”. Por su parte, Salazar subrayó que “lo honroso habría sido dimitir y dejar el acta de concejala”.
UCIN, socio de gobierno, marca distancia
El portavoz de UCIN, Salvador Llopis, socio de PRO en el gobierno local, ha evitado posicionarse de forma contundente. Si bien considera que la gestión del caso ha sido “muy deficiente”, también ha afirmado que nadie de PRO les consultó antes de tomar la decisión sobre Bertomeu. Llopis ha insistido en que esperarán las conclusiones de la investigación para tomar una posición definitiva, dejando abierta la posibilidad de una futura ruptura en el gobierno local si la situación no se aclara.
