La problemática de las ocupaciones ilegales sigue sacudiendo a Gandia. Recientemente, una vecina de Madrid con apartamento en la playa de Gandia ha denunciado públicamente en las redes sociales que cuatro personas han tomado su vivienda sin permiso y que, lejos de abandonarla, exigen dinero a cambio de marcharse, un chantaje que, según otras personas que también se han visto afectadas, se está repitiendo en la comarca.
La propietaria explica que supo lo ocurrido gracias al aviso de los vecinos. Tras la llamada, su hija presentó una denuncia inmediata, aunque el proceso se ha complicado porque los ocupantes han introducido menores en el interior, una estrategia habitual que ralentiza de forma significativa cualquier actuación judicial o policial, impidiendo el desalojo urgente.
“Lo más surrealista es que nos han pedido dinero para irse. Es inaceptable”, relata la afectada, que llega hoy a Gandia para tratar de acelerar el procedimiento. No es un caso aislado: asegura conocer al menos a otro propietario de la finca colindante que ha sufrido una situación idéntica.
Una realidad que se extiende por la comarca
La preocupación se extiende más allá de Gandia. En municipios como Miramar, la Guardia Civil detuvo hace unas semanas a personas implicadas en ocupaciones encadenadas. Y el caso más grave y mediático de los últimos días sigue siendo el del edificio Perú, en el barrio gandiense de Corea, donde la convivencia vecinal lleva años deteriorada por la presencia de pisos okupados y episodios de conflictividad.
Pese a ello, los afectados denuncian que el gobierno socialista de José Manuel Prieto evita reconocer la dimensión real del problema, limitándose a restarle importancia mientras las quejas se multiplican entre propietarios y comunidades.
Un problema que supera la ideología
La propietaria afectada por estos okupas insiste en que no se trata de una cuestión política, sino de “sentido común y respeto a la propiedad privada”, y solicita asesoramiento para afrontar un proceso que, advierte, puede alargarse durante semanas o meses debido a la presencia de menores en la vivienda.
Los testimonios de afectados apuntan a una tendencia creciente: ocupaciones organizadas, chantajes económicos y el uso de niños para bloquear desalojos, una combinación que deja a los propietarios en una situación de indefensión mientras las administraciones miran hacia otro lado.
Fotógrafo / © Natxo Francés
