Gandia vuelve a encarar una polémica operación económica que, según la oposición, reproduce prácticas ya vividas en el pasado. Así lo ha revelado esta mañana el Grupo Municipal Popular, que denuncia que el Gobierno socialista de José Manuel Prieto pretende que la empresa pública Actuacions Ambientals Integrals SL —participada en un 51% por el Ayuntamiento— formalice un préstamo de 1,6 millones de euros pese a que la ciudad permanece sometida al Plan de Ajuste, sin solicitar la autorización preceptiva del Ministerio de Hacienda.
El PP alerta de que este movimiento “podría vulnerar la legalidad financiera del Ayuntamiento” y derivar en responsabilidades personales para los miembros de la Corporación que lo avalen. La operación se conoció en la última Comisión de Hacienda y se votará en el pleno del 21 de noviembre.
El portavoz popular, Víctor Soler, recuerda que Gandia sigue atrapada en un Plan de Ajuste que no finaliza hasta 2070, herencia directa de la grave situación económica generada en la etapa del exalcalde socialista José Manuel Orengo, superando el límite legal de deuda del 110%. Entonces, el Gobierno municipal recurrió a operaciones financieras similares, que terminaron quebrando las arcas públicas y obligando a imponer a los gandienses unos de los impuestos más altos de España, una carga que sigue vigente hoy.
Según Soler, el Gobierno de Prieto intenta ahora sortear las limitaciones del Plan de Ajuste utilizando la empresa pública, una sociedad “no clasificada como entidad de mercado”, lo que podría comprometer de nuevo al Ayuntamiento según la categoría que le asigne el Sistema Europeo de Cuentas. Además, acusa al Ejecutivo socialista de no pedir deliberadamente esa clasificación “para poder seguir operando sin control mientras hipotecan el futuro del consistorio”.
El PP subraya también que no existe autorización del Ministerio de Hacienda, requisito indispensable mientras el Plan de Ajuste continúe en vigor. A esto se suma, según los populares, la falta de motivación real para el crédito, justificado por el Gobierno local únicamente como una fórmula para “evitar déficits de caja”. Para Soler, esta explicación evidencia “una preocupante falta de planificación y una clara señal de inestabilidad financiera”.
El concejal Guillermo Barber advierte de que esta operación “perjudicará directamente al bolsillo de los gandienses”, ya que el coste del préstamo “se trasladará al recibo del agua”. Barber considera que la actuación del Gobierno de Prieto “nos devuelve exactamente a las viejas fórmulas del socialismo que llevaron a la ruina a Gandia”, recordando el caso del Plan Director del Agua Potable, de los que el consistorio ingresó 55 millones de euros y que acabaron dilapidándose en otros gastos, que nada tenían que ver con inversiones reales, según una sentencia judicial de 2015.
El Grupo Popular ha solicitado ya un informe a la Intervención Municipal que acredite que la mercantil pública cumple con la regla del 50% de ingresos de mercado, así como la autorización expresa del Ministerio de Hacienda para formalizar el préstamo.
Soler concluye que el “supuesto gobierno del rigor” de Prieto “no es más que otro discurso triunfalista, totalmente alejado de la realidad financiera que vive este Ayuntamiento”.
