Gandia vuelve a situarse en el foco informativo por un escándalo de empadronamientos fraudulentos que ha sacado a la luz situaciones tan llamativas como hasta 40 personas empadronadas en una sola vivienda de apenas 90 metros cuadrados, sin conocimiento de los propietarios, como publicaba recientemente ESdiario tras recoger el testimonio de la presidenta de una comunidad de propietarios. Los hechos han derivado ya en las primeras detenciones y han reabierto el debate político y social sobre el control del padrón municipal.
Según la investigación policial, al menos 127 empadronamientos irregulares habrían sido tramitados en el Ayuntamiento de Gandia mediante contratos de alquiler falsificados, a cambio de pagos que oscilaban entre 200 y 1.000 euros. La operación ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada a facilitar estos trámites a ciudadanos extranjeros en situación irregular, aunque solo se ha detenido por el momento a los intermediarios, no a los beneficiarios ficticios de esos empadronamientos.
“Me dijeron que habían 40 empadronados en la misma vivienda y me quedé a cuadros”
Uno de los casos más llamativos es el relatado por una vecina y presidenta de una comunidad de propietarios, que descubrió por casualidad que en el piso de unos vecinos —actualmente residentes en Francia— figuraban 40 personas empadronadas.
Se personó en las dependencias del consistorio para realizar una consulta e indicó la dirección de su domicilio. Gracias a un error de la funcionaria, que consultó los datos de sus vecinos de la planta superior, descubrió que en esa vivienda había 40 empadronados: “Se confundió y me dice que en tu casa hay 40 empadronados. Le dije que eso no podía ser, que solo estábamos mi marido y yo”. “Me quedé a cuadros”, explicó en declaraciones a ESdiario.
La vivienda, gestionada por una agencia inmobiliaria, no presentaba ninguna señal de ocupación masiva, lo que refuerza la tesis de que se trata de empadronamientos puramente administrativos, utilizados para obtener derechos o beneficios sin residencia real.
Vecinos denuncian y el Ayuntamiento resta importancia
Las comunidades y propietarios afectados presentaron denuncias hace meses, pero aseguran que no recibieron respuesta directa del Ayuntamiento y se enteraron del avance de la investigación a través de los medios de comunicación. Aunque el gobierno local socialista defiende que fue el propio consistorio quien detectó las irregularidades, los testimonios vecinales cuestionan esa versión.
Mientras tanto, en la calle crece la sensación de descontrol. “Esto es un desmadre total”, señalan vecinos, que aseguran que los casos se comentan abiertamente en zonas como la plaza de España o el Raval. La Policía Nacional reconoce al menos 15 víctimas directas, la mayoría personas mayores propietarias de viviendas, aunque no se descarta que haya muchas más.
“Le pidieron 3 meses por adelantado y 4.000 euros como entrada”
Además de todo esto, hay otros casos preocupantes como es el caso de un propietario de un piso en la calle Pellers, al que intentaron alquilar su vivienda —ofreciendo la opción de comprarlo— sin que él tuviese conocimiento: “Lo hicieron con un contrato falsificado, alquilándole mi propiedad con opción a compra; pidieron tres meses por adelantado y 4.000 euros como entrada. Menos mal que nos dimos cuenta y actuó la Policía Local y Nacional”, declaraba a Gandia Zoom.
Este relato se suma a los casos ya conocidos y confirma que los empadronamientos masivos irregulares no solo afectan a propiedades deshabitadas, sino también a pisos activos gestionados por particulares, reforzando la idea de que este fenómeno podría derivar en una trama más amplia, según advierten desde la oposición.
El origen del problema: la eliminación de los filtros del padrón
En este sentido, desde el PP advierten de que lo conocido hasta ahora “podría ser solo la punta del iceberg”. Los populares recuerdan que los filtros de control del padrón fueron eliminados en 2015, durante el mandato socialista de Diana Morant como alcaldesa y con José Manuel Prieto como concejal de Administración, hoy alcalde de la ciudad.
Estos controles habían sido implantados durante el mandato de Arturo Torró (PP) y permitieron depurar el padrón en miles de personas, reduciendo en torno a 5.000 empadronados —según cifras manejadas por el entonces gobierno local— mediante verificaciones presenciales y comprobaciones de residencia real.
La supresión de esos filtros, sostienen desde la oposición, abrió la puerta a un uso fraudulento del padrón, con consecuencias que van más allá de lo administrativo y afectan a la seguridad, la planificación de recursos públicos e incluso al censo electoral.
Comisión de investigación y antecedentes preocupantes
El PP ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación municipal, recordando además que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Gandia se ve salpicado por un caso similar. Bajo anteriores mandatos socialistas ya se produjo la detención y condena de una trabajadora municipal por empadronamientos ilegales.
Con las primeras detenciones ya practicadas y nuevas denuncias sobre la mesa, el caso del padrón en Gandia amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años, mientras crece la presión para esclarecer cuántos empadronamientos irregulares existen realmente y quién permitió que el sistema fallara durante tanto tiempo.
