El Grupo Municipal Popular ha denunciado públicamente la situación de ocupación ilegal y conflictividad vecinal que se registra en un edificio municipal situado en la calle Císcar del Grau de Gandia, una problemática que, según sostienen, ha sido negada y minimizada durante años por el gobierno local.
El portavoz del PP, Víctor Soler, ha señalado que su grupo ha advertido de esta situación “en numerosas ocasiones”, tanto en juntas de distrito como en comisiones municipales, sin que el Ejecutivo socialista haya adoptado medidas. “Los vecinos llevan tiempo padeciendo un problema real mientras el gobierno miraba hacia otro lado”, ha afirmado.
Por su parte, la concejala popular responsable del área de Vivienda y del Grau, Aina Borredà, ha explicado que el Ayuntamiento sostuvo reiteradamente que el inmueble era un edificio de alquiler social “sin apenas incidencias”, asegurando que los impagos no superaban el 10% y negando la existencia de ocupación ilegal. “Esa respuesta generaba una enorme frustración entre los vecinos, porque se estaba normalizando una situación que no lo era”, ha indicado.
Tras solicitar de forma reiterada documentación municipal, el PP asegura haber comprobado que la realidad dista de la versión oficial. Según los datos recabados, de las 15 viviendas del edificio, tres están okupadas, y una de ellas permanece tapiada desde el pasado 31 de octubre, con el consiguiente riesgo de una nueva ocupación ilegal.
Soler ha acusado directamente al alcalde José Manuel Prieto y a la concejala Elena Moncho de ocultar un problema grave, lo que a su juicio ha favorecido la ocupación irregular de viviendas municipales y ha generado importantes problemas de convivencia. “Se están quitando recursos a personas que realmente los necesitan y se está perjudicando a vecinos que cumplen con sus obligaciones”, ha lamentado.
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Los populares subrayan que el problema no se limita a la ocupación ilegal de los pisos, sino a las conductas incívicas asociadas, que incluyen faltas de respeto, suciedad y conflictos diarios. “En lugar de actuar, el gobierno socialista ha blanqueado estas situaciones al no poner medidas”, ha criticado Borredà.
Ante este escenario, el PP ha solicitado refuerzos policiales en la zona para garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes y ha vinculado esta situación con la grave falta de vivienda que existe en la ciudad. “En un momento en el que Gandia necesita vivienda pública, permitir que haya pisos municipales ocupados ilegalmente es una irresponsabilidad. Cada vivienda cuenta y el Ayuntamiento debe actuar dentro de sus competencias para recuperarlas”, ha insistido Soler.
Finalmente, el Grupo Municipal Popular exige al gobierno local una actuación inmediata, la regularización de la situación del edificio y la adopción de medidas urgentes para restaurar el bienestar y la convivencia de los vecinos afectados.
Fotógrafo / © Àlex Oltra
