El empadronamiento en Gandia, un trámite que debería ser gratuito y estrictamente regulado, se ha convertido en un negocio clandestino. Según testimonios recogidos por el CDR La Safor, particulares y supuestos gestores estarían exigiendo entre 700 y 1.000 euros por inscribir a personas en viviendas donde no residen realmente.
La polémica se produce tras destaparse una trama de empadronamientos masivos irregulares y en pleno debate sobre la regularización extraordinaria de migrantes, donde el padrón es requisito clave para acreditar residencia. La falta de instrucciones claras habría generado desinformación y un aumento de prácticas abusivas.
Vox denuncia “relajación de controles” y exige actuaciones inmediatas
El portavoz de Vox Gandia, Manuel Millet, ha vinculado directamente el repunte de estos casos con lo que considera una relajación de los controles administrativos. Según la formación, cuando no existe una verificación rigurosa del padrón, “aparece el negocio”.
Vox sostiene que esta práctica de empadronamiento irregular falsea el censo municipal, distorsiona la planificación de servicios públicos como sanidad o educación y perjudica a los vecinos que cumplen la ley. Además, advierte de que podrían estar ante fraude administrativo e incluso posibles ilícitos penales.
La formación exige al Ayuntamiento el refuerzo inmediato de los controles del padrón municipal, una inspección de domicilios con empadronamientos sospechosos o masivos, colaboración con Policía y Fiscalía ante cualquier indicio de delito y la implantación de protocolos claros y permanentes para evitar usos fraudulentos.
Millet insiste en que “defender la legalidad no es criminalizar a nadie, sino proteger la convivencia, la igualdad ante la ley y los recursos públicos”, y anuncia que su grupo llevará el asunto a las instituciones municipales para exigir responsabilidades políticas.
El PP recuerda que la ordenanza sigue paralizada
Por su parte, el Partido Popular de Gandia lleva meses denunciando que la nueva ordenanza del padrón anunciada por el alcalde José Manuel Prieto en junio de 2025 sigue sin avances. El portavoz popular, Víctor Soler, reclama una regulación urgente tras la baja administrativa de 3.792 personas del padrón, cifra que, a su juicio, demuestra la magnitud del problema.
Desde el PP insisten en que el padrón especial nació para atender situaciones de vulnerabilidad, pero advierten de que su uso indebido puede convertirse en una vía irregular para acceder a recursos públicos.
El debate sigue así en el centro de la política local, pese a que el gobierno municipal intente restarle importancia: sin controles claros y efectivos, el fraude encuentra terreno abonado.
