La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 35 años por presuntamente falsificar documentación de empadronamientos en Oliva y cobrar 150 euros por cada certificado fraudulento. El caso se produce en pleno debate sobre los empadronamientos irregulares en la Safor, tras las denuncias recientes sobre cobros de hasta 1.000 euros en Gandia.
La investigación se inició a finales de noviembre de 2025, cuando dos ciudadanos extranjeros acudieron al Ayuntamiento de Oliva para realizar un trámite administrativo y el personal municipal detectó que los certificados que presentaban no se correspondían con los modelos oficiales.
Tras el aviso al Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva, los agentes comprobaron que ambos habían abonado 150 euros a una mujer que les facilitó un documento conjunto de empadronamiento falso. La sospechosa, de nacionalidad cubana, ha sido investigada por un presunto delito de falsedad en documento público. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia y la investigación continúa abierta, sin descartar más afectados.
El precedente de Gandia: hasta 1.000 euros por una inscripción
El caso de Oliva se conoce días después de que trascendiera la existencia de cobros de entre 700 y 1.000 euros por empadronamientos irregulares en Gandia, según testimonios recogidos por entidades sociales, como el CDR La Safor. En la capital de la Safor, particulares y supuestos gestores estarían ofreciendo inscripciones en viviendas donde las personas no residen realmente.
La polémica en Gandia ha generado un intenso debate político. Vox ha denunciado una supuesta “relajación de controles” en el padrón municipal, mientras el PP reclama la aprobación urgente de la ordenanza anunciada por el gobierno local en 2025.
Desde colectivos sociales advierten de que la falta de instrucciones claras y comunicación oficial está generando inseguridad jurídica y favoreciendo prácticas abusivas, convirtiendo un trámite gratuito en un negocio clandestino.
Un problema que trasciende municipios
Los hechos detectados en Oliva evidencian que las irregularidades en el padrón no se limitan a un solo municipio de la comarca. Mientras en Gandia se investigan presuntas inscripciones masivas irregulares y cobros elevados, en Oliva ya se ha producido una actuación policial por falsificación documental vinculada al empadronamiento.
El padrón municipal es un requisito clave para numerosos trámites administrativos y el acceso a servicios públicos, lo que incrementa el riesgo de que surjan redes o intermediarios que intenten lucrarse de la necesidad de regularización de algunas personas.
Con las investigaciones en marcha, tanto en Oliva como en Gandia, el foco se sitúa ahora en el refuerzo de los controles administrativos y en la coordinación entre ayuntamientos y fuerzas de seguridad para evitar que el empadronamiento se convierta en un foco de fraude sistemático en la comarca.
