La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha citado a declarar en calidad de investigada a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, junto a otros dos altos cargos del organismo, tras admitir a trámite una querella presentada por el Real Club Náutico de Gandia.
La querella, admitida el pasado 3 de febrero, se enmarca en el conflicto por la gestión de la Marina de Gandia, cuya concesión fue adjudicada en 2024 a la empresa Alcara Infraestructuras tras una sentencia previa. El club náutico, que gestionó el espacio durante décadas, reclama la devolución de dos avales bancarios por importe superior a 100.000 euros que, según sostiene, no le han sido reintegrados.
Posible delito de apropiación indebida
La instructora considera que los hechos relatados en la querella presentan, de forma indiciaria, características de un posible delito de apropiación indebida, por lo que ha acordado solicitar a la APV el expediente administrativo completo, incluidas las actas de reversión de la gestión de la marina de los años 2021 y 2025.
Las declaraciones, tanto del representante legal del club como de los investigados, están previstas entre el 10 y el 15 de septiembre.
La posición de la Autoridad Portuaria
Desde la APV defienden que los hechos denunciados no constituyen delito alguno y que su actuación se ha limitado a dar cumplimiento a la sentencia dictada el 12 de mayo de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que reconoció el derecho de Alcara Infraestructuras a que su oferta fuera seleccionada.
En abril de 2024, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria otorgó la concesión administrativa a la nueva adjudicataria por un periodo de 35 años.
Fuentes de la APV sostienen que la querella se enmarca en una estrategia del club tras perder la concesión y recalcan que la presidenta del organismo no tendría atribuidas conductas concretas en el escrito presentado.
Reacciones políticas en Gandia
El caso ha generado reacciones en el ámbito político local. Desde Vox Gandia se ha reclamado máxima transparencia institucional ante una investigación que afecta a un organismo público con impacto directo en la actividad económica y social de la ciudad.
La formación ha expresado respeto a la presunción de inocencia y al procedimiento judicial, pero considera que la gravedad de las acusaciones exige claridad en la gestión y depuración de responsabilidades si se acreditaran irregularidades.
El procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción y será el juzgado el que determine si los hechos denunciados derivan finalmente en la apertura de juicio o en el archivo de la causa.
