El grupo municipal de Vox Gandia ha denunciado el coste económico que, según asegura, está suponiendo la atención a la población inmigrante en Gandia. La formación sostiene que el Ayuntamiento cuenta con un contrato específico valorado en hasta 139.870 euros más IVA durante dos años, prorrogables a otros dos, destinado a este servicio.
El portavoz del grupo, Manuel Millet, señala que la formación ha tenido acceso al documento oficial municipal que recoge este contrato, una información que también ha podido ser verificada por este medio, y vincula este gasto con la política migratoria a nivel estatal.
Críticas a la regularización de inmigrantes y al impacto en servicios públicos
La formación ha presentado una moción para el próximo pleno del mes de marzo en la que rechaza la regularización de 500.000 inmigrantes en España, al considerar que puede generar un “efecto llamada” y agravar la presión sobre los servicios públicos.
Desde Vox sostienen que esta situación provoca saturación en ámbitos como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda, además de posibles problemas de convivencia.
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Cuestionan la campaña municipal “Diuen”
El grupo municipal también ha criticado la campaña impulsada por el gobierno local, denominada “Diuen”, que tiene como objetivo combatir bulos relacionados con la inmigración.
Según Vox, esta campaña lo que hace es precisamente distorsionar la realidad, ya que el propio Ayuntamiento ha reclamado en los últimos años a la Generalitat Valenciana la construcción de un nuevo colegio de Infantil y Primaria ante el aumento de población.
Asimismo, señalan que la situación del Hospital Universitario Francesc de Borja también refleja una presión creciente, al haberse reconocido la necesidad de su ampliación, especialmente Urgencias y Pediatría, tan solo 10 años después de ser inaugurado.
Reivindicación de prioridades en el gasto público
Desde Vox consideran que este tipo de programas suponen un gasto relevante en un contexto donde, según apuntan, muchos vecinos afrontan dificultades en el acceso a la vivienda y una presión creciente sobre los servicios públicos.
Por ello, el grupo insiste en la necesidad de priorizar los recursos municipales y evaluar el impacto de las políticas relacionadas con la inmigración en la ciudad.
