El gobierno municipal de Oliva vuelve a enfrentarse a una nueva controversia política. Los grupos de la oposición —PSPV, Compromís y PP— junto a los dos concejales de UCIN, socios de gobierno, han reclamado a la alcaldesa, Yolanda Pastor, la retirada de competencias y la depuración de responsabilidades del concejal de Deportes, Actividades y Recursos Humanos, Joan Mascarell.
La petición se produce tras las informaciones que apuntan a una posible incompatibilidad entre su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y su labor como entrenador de la UD Oliva, por la que habría percibido unos 500 euros.
Meses sin respuestas y posible conflicto de intereses
Según denuncian los grupos firmantes, llevan meses solicitando información sin obtener respuesta. La última petición se realizó en Junta de Gobierno Local, donde, aseguran, el edil no aclaró su situación ni aportó documentación.
Además, subrayan que Mascarell es responsable de la tramitación de subvenciones en el área de Deportes, incluidas las relacionadas con el propio club con el que ha mantenido vinculación directa, lo que podría suponer un posible conflicto de intereses.
A esto se suma otra cuestión señalada por la oposición y UCIN: la falta de licencia de actividad del bar del campo de fútbol, vinculado a un familiar, pese a su funcionamiento habitual.
Una legislatura marcada por las polémicas
El caso reabre una etapa de inestabilidad en el gobierno de Projecte Oliva, que ya ha estado salpicado por varias controversias durante la legislatura.
Uno de los episodios más sonados fue el conocido como “caso de los caballos”, una presunta trama de reventa de alfalfa que había comprado el propio consistorio para unos caballos que fueron requisados por maltrato animal. La polémica derivó en la retirada de competencias a la concejala María Bertomeu, a quien se le acusaba de conocer y posiblemente haber participado en la operación y en el envío de documentación a Fiscalía ante posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
A ello se sumó otra polémica protagonizada por el propio Mascarell, quien tuvo que pedir disculpas tras advertir en un grupo de WhatsApp sobre controles antidroga, lo que generó críticas por una posible interferencia en actuaciones policiales.
También se produjeron tensiones internas dentro del gobierno local. En 2024, una concejala con dedicación exclusiva solicitó compatibilizar su cargo con otro trabajo, lo que generó debate político, y meses después otro edil abandonó el ejecutivo denunciando problemas administrativos como la falta de alta en la Seguridad Social y de retribución.
Presión política en aumento
Este nuevo episodio ha unido a oposición y socios de gobierno en una misma exigencia: actuar con rapidez para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.
Con todo esto, la nueva polémica vuelve a evidenciar la fragilidad del ejecutivo local, con discrepancias que ya no solo se sitúan entre gobierno y oposición, sino también dentro del propio bloque de gobierno. La evolución del caso y las decisiones que se adopten en los próximos días marcarán el rumbo de una legislatura que sigue acumulando episodios de tensión.
