La Intervención General del Ayuntamiento de Gandia ha advertido, en su informe de control interno correspondiente al ejercicio 2025, del “uso reiterado y periódico” de contratos menores (aquellos por un importe inferior a 18.000 euros) para cubrir “necesidades recurrentes”, así como de la utilización de adjudicaciones directas, conocidas coloquialmente como contratos “a dedo”, al margen de procedimientos ordinarios de concurrencia.
De este informe se dio cuenta en el último pleno municipal. En concreto, el interventor señala la existencia de 38 expedientes sin el procedimiento de fiscalización previo, que alcanzaron en 2025 un importe total de 5,7 millones de euros.
El documento también pone el foco en la gestión de las ayudas públicas, donde se detecta que “se utiliza en un porcentaje muy elevado el procedimiento de subvenciones nominativas”, frente a un uso reducido de la concurrencia competitiva, lo que limita la transparencia en la asignación de recursos.
Además, el interventor reclama la elaboración de un Plan de Acción para corregir las deficiencias detectadas, especialmente en materia de contratación y subvenciones, proponiendo la implantación de instrucciones o guías que permitan normalizar los procedimientos administrativos.
El informe incluye también una recomendación expresa para que el Ayuntamiento impulse la disolución de la empresa pública Iniciatives de Comunicació de Gandia, en liquidación desde 2012 y sin actividad, pero aún sin extinguir.
El PP critica los “graves errores” en la gestión del gobierno socialista
A raíz de estas conclusiones, el concejal del Grupo Municipal Popular, Guillermo Barber, ha denunciado un “modelo de gestión erróneo y reiterado”, asegurando que no se trata de incidencias puntuales, sino de un problema estructural en la administración del gasto público.
Barber ha señalado que el uso sistemático de contratos menores para servicios recurrentes “limita la competencia y puede encarecer los costes”, y ha vinculado estas prácticas con las advertencias previas en un demoledor informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, hecho público hace escasas semanas.
El edil popular también ha criticado la falta de medidas correctoras por parte del gobierno municipal, subrayando que no consta la aplicación del plan de acción obligatorio para revertir las deficiencias detectadas por la Intervención.
Desde el PP consideran que estos datos reflejan una gestión que requiere mayor control, transparencia y ajuste a los procedimientos legales, e instan al ejecutivo local a adoptar medidas para corregir las irregularidades señaladas en los informes oficiales.
Fotógrafo / © Àlex Oltra
