El Ayuntamiento de Gandia ha acordado iniciar acciones judiciales contra la empresa estatal Casa 47 después de que se frustrara la adquisición de un edificio de 9 viviendas situado en la calle Sant Enric, inmueble que el consistorio pretendía incorporar al parque público municipal de vivienda social.
El conflicto afecta a un bloque ubicado en el número 22 de esta calle y que anteriormente pertenecía a la Sareb, el conocido como “banco malo”, cuyos activos pasaron posteriormente a integrarse en Casa 47.
Según explicó el gobierno local, la antigua Sareb autorizó por escrito el pasado 29 de abril de 2025 la cesión del inmueble al Ayuntamiento de Gandia, lo que permitió al consistorio avanzar en el proceso de compra y solicitar una subvención autonómica para financiar tanto la adquisición como la rehabilitación del edificio.
Una subvención de más de 834.000 euros en riesgo
El Ayuntamiento obtuvo finalmente una ayuda de la Generalitat Valenciana dentro del plan ADHA por un importe de 834.305 euros, fondos destinados precisamente a la compra y rehabilitación del inmueble para vivienda social.
Sin embargo, posteriormente el consistorio recibió una llamada telefónica desde Madrid comunicando que la operación no seguiría adelante debido a que el edificio había quedado integrado entre los activos transferidos a Casa 47.
Desde el gobierno municipal consideran que esta comunicación verbal “carece de validez administrativa”, ya que entienden que cualquier modificación de un procedimiento entre administraciones debe realizarse oficialmente por escrito.
Además, el bloqueo de la operación compromete directamente la subvención concedida por la Generalitat, ya ingresada en las arcas municipales, y que ahora podría tener que devolverse.
Gandia defiende el interés público de la operación
El Ejecutivo local sostiene que la compra del edificio formaba parte de su estrategia para ampliar el parque público de vivienda social en la ciudad y considera necesario defender judicialmente el proceso para proteger tanto el interés público como los fondos obtenidos para este fin.
La polémica adquiere además un componente político añadido después de que en enero de este año el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, mantuviera una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias.
Según el Ayuntamiento, en aquel encuentro se trasladó el compromiso de impulsar vivienda social en Gandia, aunque el consistorio asegura ahora que la empresa estatal ha acabado frenando una operación que ya estaba en marcha.
El PP habla de “nefasta gestión” del gobierno socialista
Desde el Grupo Municipal Popular, el concejal Guillermo Barber ha cargado contra la gestión del gobierno socialista en materia de vivienda y considera que la situación evidencia una “nefasta gestión”.
Barber sostiene que Gandia no solo ha perdido la posibilidad de incorporar 9 viviendas sociales, sino que además podría verse obligada a devolver más de 800.000 euros de subvención concedidos por la Generalitat.
El edil popular acusa al Ejecutivo local de priorizar “los titulares y la propaganda” antes de cerrar correctamente los procedimientos administrativos necesarios.
“Al final, Gandia pierde viviendas, pierde ayudas y los ciudadanos pagan las consecuencias”, ha señalado Barber.
