El Ayuntamiento de Gandia prevé entregar a finales de septiembre las cinco viviendas municipales de alquiler asequible situadas en la calle Magistrat Català. Serán, previsiblemente, las únicas adjudicadas por el gobierno socialista durante toda la legislatura, en una ciudad de más de 80.000 habitantes y con una lista que supera las 1.000 personas demandantes de vivienda de alquiler social.
Los inmuebles permanecieron cerca de 17 años sin uso y su incorporación al parque municipal ha requerido más de dos años de trámites y actuaciones de acondicionamiento. Durante ese proceso, el gobierno municipal ha realizado hasta tres ruedas de prensa para informar sobre la adquisición, rehabilitación y posterior adjudicación de las cinco viviendas.
Solo 17 de las 61 solicitudes superan la primera fase
La convocatoria ha recibido 61 solicitudes, de las que únicamente 17 han sido admitidas provisionalmente tras la primera revisión de los requisitos económicos.
Las viviendas no forman parte del parque de alquiler social, sino de un programa de alquiler asequible dirigido a personas con ingresos suficientes para asumir una renta reducida. Los precios oscilarán entre 439 y 578 euros mensuales, a los que deberán añadirse los gastos de comunidad y la tasa de residuos.
En el inmueble más económico, el desembolso final rondará los 501 euros al mes. Las viviendas tienen unos 95 metros cuadrados, mientras que el ático alcanza entre 140 y 150 metros cuadrados. Todas disponen de trastero y tres incluyen plaza de garaje.
La incorporación de otras nueve viviendas, bloqueada y en los tribunales
La posibilidad de ampliar el parque municipal con otras nueve viviendas sociales permanece bloqueada por el conflicto abierto con Casa 47, la empresa estatal que ha asumido los activos residenciales de la antigua Sareb.
El Ayuntamiento de Gandia pretendía adquirir un edificio situado en el número 22 de la calle Sant Enric. Según la versión trasladada por el gobierno local, la Sareb autorizó por escrito la cesión del inmueble el 29 de abril de 2025, lo que permitió al consistorio avanzar en la operación y solicitar financiación para su compra y rehabilitación.
La Generalitat concedió posteriormente una ayuda de 834.305 euros dentro del plan ADHA. Sin embargo, tras la integración del edificio en Casa 47, el Ayuntamiento recibió una comunicación telefónica informando de que la operación no continuaría adelante.
El consistorio acordó en mayo iniciar acciones judiciales contra la empresa estatal, al considerar que existía una autorización previa y que el bloqueo pone en riesgo la subvención autonómica, ya ingresada en las arcas municipales y que podría tener que devolverse.
Mientras el procedimiento judicial continúa sin resolverse, no existe una fecha concreta para incorporar esas nueve viviendas al parque público. Esta situación convierte, por ahora, a los cinco pisos de Magistrat Català en la única promoción municipal con adjudicación prevista durante la actual legislatura.
El PP considera insuficiente la actuación
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, David Ronda, ha valorado positivamente cualquier medida que amplíe la oferta residencial, aunque considera que la actuación resulta insuficiente ante la dimensión de la crisis de acceso a la vivienda.
“El problema de la vivienda no se resuelve con cinco pisos después de una legislatura. Gandia necesita un Ayuntamiento que esté a la altura del reto más importante que tiene la ciudad”, ha afirmado.
El PP también cuestiona el límite de ingresos de 29.400 euros anuales establecido para participar en la convocatoria, al considerar que no responde a la situación de numerosas familias y jóvenes con dificultades para emanciparse.
Ronda ha criticado además la distancia entre los anuncios realizados y los resultados obtenidos. “Han hecho falta tres ruedas de prensa para adjudicar cinco viviendas, mientras más de mil personas esperan una solución habitacional”, ha concluido.
Fotógrafo / © Natxo Francés
