La Ley por el Derecho a la Vivienda cumple dos años y los datos ponen en duda su efectividad: España ha perdido más de 120.000 viviendas en alquiler desde su aprobación, mientras que el precio medio de las rentas ha aumentado un 26 % en ese mismo periodo, según datos del sector inmobiliario.
La norma, que entró en vigor en mayo de 2023, tenía como objetivo principal facilitar el acceso a la vivienda, frenar las subidas abusivas del alquiler y aumentar el parque de vivienda asequible. Sin embargo, asociaciones de propietarios, portales inmobiliarios y expertos alertan de un efecto contrario al esperado.
Menos oferta, más presión
Desde la aplicación de los topes al precio del alquiler en zonas tensionadas, numerosos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado de arrendamiento, trasladándolos a la venta o al alquiler turístico, menos regulado. El resultado: una fuerte caída de la oferta en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Palma.
En paralelo, la demanda se ha mantenido o incluso ha crecido, lo que ha derivado en una subida generalizada de precios, con incrementos de más del 30 % en barrios céntricos de grandes capitales. En muchos casos, el efecto ha sido la aparición de un mercado paralelo, con alquileres temporales, habitaciones por días o falsos contratos para sortear los límites legales.
Críticas desde el sector
“El resultado es claro: menos pisos, más caros y más inestabilidad para los inquilinos”, denuncia Beatriz Toribio, analista del mercado inmobiliario. También desde asociaciones de propietarios como ASVAL aseguran que “la inseguridad jurídica generada por la ley ha expulsado a pequeños arrendadores”, que representan el 85 % del mercado.
En comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia —que no han desarrollado los mecanismos autonómicos para declarar zonas tensionadas— el impacto ha sido desigual, aunque los precios también han subido por el efecto desplazamiento de la demanda.
Llamamiento a una revisión urgente
Desde los principales portales inmobiliarios, como Idealista o Fotocasa, se insiste en que la única forma de contener los precios es aumentar la oferta, mediante incentivos fiscales, seguridad jurídica y colaboración público-privada.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda defiende que la ley “ha sentado las bases de un modelo más justo” y señala que los fondos del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 permitirán crear hasta 100.000 viviendas de alquiler social en los próximos años.
No obstante, los dos primeros años de la Ley de Vivienda dejan un panorama preocupante para quienes buscan casa en alquiler: menos opciones, precios récord y más barreras para acceder a un derecho básico.
