Tras más de un año de colapso, largas colas y protestas vecinales, el Ayuntamiento de Gandia ha anunciado a contrarreloj una batería de medidas para aliviar la situación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC). La reacción llega, según denuncia el PP, después de meses de abandono y solo tras la presión política y social ejercida por la oposición.
El concejal de Gobierno Interior, Adrián Vila, presentó como “balance positivo” un 2025 marcado por 71.840 citas y más de 128.000 gestiones, cifras que, lejos de acreditar eficiencia, evidencian la saturación de un servicio que ha obligado a los vecinos a esperar durante horas, en ocasiones a la intemperie, para realizar trámites básicos.
Medidas tardías tras meses de quejas
El gobierno local ha anunciado ahora la ampliación del horario de tarde —de lunes a jueves— y la apertura de una nueva oficina en Benipeixcar, ubicada en el antiguo colegio Sant Cristòfol. Un anuncio que el Partido Popular interpreta como una rectificación forzada.
El portavoz popular, Víctor Soler, ha sido contundente: “Gracias a la acción del Partido Popular y a nuestras denuncias continuas, el gobierno socialista de Prieto se ha visto obligado a reaccionar”. Para el PP, el anuncio confirma que las quejas vecinales estaban plenamente justificadas y que el Ejecutivo local ha actuado tarde y mal.
El origen del problema: decisiones políticas
Desde el PP señalan directamente al alcalde José Manuel Prieto como responsable del caos, al haber convertido un espacio pensado para la atención ciudadana en un salón de boato, relegando a los vecinos a colas interminables. “Se ha priorizado la imagen del alcalde frente a un servicio público esencial”, denuncian los populares.
Aunque el PP respalda la descentralización administrativa y ve con buenos ojos la apertura de una oficina en Benipeixcar, advierte de que las medidas anunciadas son solo un parche que no soluciona el problema de fondo: el recorte y desmantelamiento de servicios públicos provocado por decisiones políticas del actual gobierno municipal.
Más costes y menos servicio
La oposición también alerta de que esta reorganización ha incrementado el coste municipal, una factura que, según advierten, seguirá creciendo mientras no se reviertan las decisiones que han llevado a la saturación de la OAC. “La única solución real pasa por devolver los espacios y los servicios a los ciudadanos”, insiste Soler.
En definitiva, lo anunciado por el gobierno de Gandia no es, para el PP, una modernización del servicio, sino una reacción tardía tras un año de colapso, colas y malestar ciudadano, que deja en evidencia la falta de planificación y de prioridades del Ejecutivo de Prieto.
