El Grupo Municipal Popular de Gandia ha denunciado que el gobierno local, presidido por José Manuel Prieto, se verá obligado a destinar 550.000 euros del remanente de tesorería para pagar sentencias judiciales derivadas de conflictos con trabajadores del Ayuntamiento.
Según los populares, este cambio presupuestario responde a irregularidades cometidas por el gobierno socialista, que han obligado a varios empleados públicos a acudir a los tribunales para ver reconocidos sus derechos laborales.
Buena parte de estas sentencias están relacionadas con la contratación de trabajadoras sociales mediante el contrato-programa, una fórmula impulsada por la exvicepresidenta Mónica Oltra. Aunque esta modalidad nació con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios sociales básicos, en la práctica ha provocado graves desigualdades salariales de hasta 1.500 euros entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.
Soler: “Es vergonzoso pagar un pufo de 550.000 euros por juicios con empleados públicos”
El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, ha criticado con dureza esta decisión, calificándola como “una auténtica vergüenza”. Soler ha explicado que el remanente de tesorería, es decir, el dinero no ejecutado del presupuesto, se está utilizando para cubrir un agujero económico generado por la mala gestión del gobierno local.
“Es vergonzoso cambiar el presupuesto para pagar un pufo de 550.000 euros en juicios con trabajadores públicos que tienen que acudir a la justicia para ver sus derechos garantizados ante las irregularidades del gobierno socialista de Gandia”, ha afirmado.
Además, ha lamentado que ese dinero no se esté invirtiendo en áreas prioritarias como vivienda, limpieza o instalaciones deportivas, y ha acusado al ejecutivo de beneficiarse a sí mismo a costa de los intereses de la ciudadanía.
Barber: “El gobierno elude su responsabilidad y oculta información relevante”
El concejal popular Guillermo Barber también ha intervenido en la rueda de prensa para criticar al gobierno local. A su juicio, resulta preocupante que se presenten como logros simples gestiones administrativas que deberían ser una obligación básica de cualquier ejecutivo.
“Es preocupante que consideren noticia lo que debería ser una simple obligación administrativa. Esto no hace más que evidenciar su falta de gestión”, ha señalado.
Barber ha denunciado también la falta de transparencia del gobierno y ha hecho referencia a un informe del interventor municipal que, según él, no ha sido abordado públicamente. Dicho informe contendría observaciones sobre facturas ilegales en contratos con determinadas empresas, lo que a su juicio es una muestra clara de la opacidad del gobierno y de su mala gestión.
“En lugar de rendir cuentas sobre estos graves hechos, desvían la atención presentando como logros gestiones que son, simplemente, su deber”, ha concluido.
Fotógrafo / © Natxo Francés
