El Ayuntamiento de Oliva se enfrenta a un nuevo escándalo tras salir a la luz una presunta reventa ilegal de pienso y alfalfa adquiridos con fondos públicos para el cuidado de varios caballos incautados por la Guardia Civil. La polémica salpica directamente a María Bertomeu, concejala de Projecte Oliva (PRO), a quien se acusa de conocer y posiblemente haber participado en la operación.
La presión política ha obligado al consistorio a constituir una comisión de investigación, impulsada por PSPV, Compromís, PP y UCIN —estos últimos, socios de gobierno—. Todas estas formaciones sostienen que Bertomeu estaba al tanto de los hechos y que el principal implicado en las ventas es su pareja sentimental, encargado del cuidado de los animales.
La situación ha generado una fractura dentro del Gobierno local que lidera la alcaldesa Yolanda Pastor, también de PRO. La alcaldesa ha convocado una Junta de Gobierno extraordinaria para este jueves, en la que se barajan posibles sanciones internas, incluida la retirada de las competencias de Bertomeu.
Según fuentes municipales, el alimento fue comprado por el Ayuntamiento para mantener a siete caballos incautados por un caso de maltrato animal. Sin embargo, un agente de policía local denunció que este material estaba siendo revendido por el cuidador de los animales, quien, según sus propias palabras, mantiene una estrecha relación con la concejala.
Los portavoces de los grupos impulsores de la comisión aseguran haber recibido documentación que acredita múltiples operaciones de compraventa, en las que el comprador actuó “de buena fe”, sin saber que los productos ya habían sido financiados con dinero público.
Más allá de la relación personal entre la edil y el cuidador, los partidos denuncian que Bertomeu habría participado activamente en estas operaciones, incluso mediando directamente con compradores. Una serie de mensajes escritos entre la regidora y uno de los compradores se considera clave en la investigación.
Ante el revuelo, algunas voces dentro del propio Gobierno no descartan que Bertomeu tenga que dimitir no solo de sus responsabilidades, sino también de su acta como concejala. La alcaldesa, por su parte, ha reconocido que las acusaciones son “graves”, ha interpuesto una denuncia formal ante la Guardia Civil y ha manifestado la total disposición del consistorio a colaborar con la investigación judicial.
