La comercialización de viviendas ocupadas ilegalmente empieza a consolidarse como una práctica habitual en plataformas de compraventa inmobiliaria que operan en Gandia. Lo que hasta hace poco era una situación excepcional y marginal ha pasado a integrarse de forma explícita en los anuncios, hasta el punto de que algunos portales permiten ya filtrar la búsqueda de inmuebles en función de si están ocupados ilegalmente.
Según ha podido constatar este medio, en Gandia existen alrededor de una veintena de anuncios activos de viviendas que se venden en esta situación, una cifra que podría ser mayor, ya que no todos los casos se identifican de forma expresa en los listados públicos.
Hasta ahora, los usuarios podían seleccionar criterios habituales como la ubicación, el precio o el número de habitaciones. A estos filtros se suma ahora una nueva categoría que asume como normal la venta de inmuebles ocupados sin título legal, una circunstancia que, según expertos en derecho inmobiliario, no debería formar parte de la oferta ordinaria del mercado.
Los anuncios suelen advertir de que las viviendas no pueden visitarse, que se venden en su estado actual y que no están libres de ocupantes, una fórmula que traslada el problema al comprador y consolida una situación de inseguridad jurídica.
Desde el ámbito jurídico y del sector inmobiliario se alerta de que esta tendencia banaliza una anomalía legal, integrándola en los circuitos habituales de compraventa. “Se está normalizando una situación que no es normal ni deseable en un Estado de derecho”, señalan profesionales consultados, que advierten del riesgo de cronificar la ocupación ilegal y de desincentivar la salida de vivienda al mercado en condiciones legales.
Por otro lado, esta situación también perjudica de forma directa al mercado comprador nacional y extranjero, tradicionalmente clave en la adquisición de segundas residencias en Gandia. La percepción de inseguridad jurídica y falta de garantías desincentiva a inversores y familias internacionales que buscan estabilidad para comprar vivienda vacacional, provocando una pérdida de atractivo del destino residencial y reduciendo la competitividad de la ciudad frente a otros enclaves costeros con marcos legales más seguros.
PP y Vox reclaman reactivar la “Operación Ajedrez”
En este contexto, Partido Popular y Vox coinciden en señalar la necesidad de actuar de manera decidida contra la ocupación ilegal en Gandia. Ambas formaciones insisten en la puesta en marcha de la “Operación Ajedrez”, un plan integral destinado a atajar la ocupación en todos los barrios de la ciudad, reforzando la coordinación policial, la actuación administrativa y el apoyo a los propietarios afectados.
Desde estas formaciones se subraya que permitir que la ocupación se convierta en un factor más del mercado inmobiliario lanza un mensaje de impunidad y perjudica tanto a los vecinos como a quienes buscan acceder a una vivienda por vías legales.
Los expertos consultados coinciden en que la experiencia de otras ciudades, como Sevilla, demuestra que cuando estas prácticas se consolidan, se genera un mercado paralelo, orientado a inversores capaces de asumir largos procesos de desocupación, mientras los pequeños propietarios optan por vender para evitar años de litigios.
Para los especialistas en derecho, el fenómeno detectado en Gandia debería servir como señal de alerta: “Cuando los portales integran la ocupación ilegal como un filtro más, el problema deja de ser excepcional y pasa a formar parte del sistema”, concluyen.
La normalización de esta práctica reabre el debate sobre la necesidad de medidas firmes y coordinadas que frenen la ocupación ilegal antes de que se consolide definitivamente como una realidad estructural en el mercado de la vivienda local.
