No ha sido una casualidad que esta misma semana, coincidiendo con el ecuador de la legislatura, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunciara una reforma de la ordenanza del padrón municipal para evitar irregularidades e infracciones. Ahora, se empieza a entender mejor qué ha motivado realmente esta decisión.
Mientras el concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, celebraba hace unos meses un crecimiento histórico en el número de habitantes de la ciudad —que, según dijo, convertía a Gandia en una ciudad «de oportunidades, fiable y de futuro«—, algunos vecinos han denunciado empadronamientos masivos en sus domicilios sin su consentimiento. Todo apunta a que los autores sustraían de los buzones los recibos de la luz o el agua para obtener los datos y después confeccionar contratos de alquiler falsos.
En 2015, con la llegada del gobierno socialista de Diana Morant, se eliminaron los controles de empadronamiento instaurados por el anterior alcalde, Arturo Torró. Una medida pionera que se implementó tras detectar pisos patera, fraudes para cobrar ayudas públicas o incluso gente empadronada con numerosos antecedentes penales o incluso buscada por la Interpol. Desde entonces, han pasado 10 años y el padrón municipal ha aumentado en más de 10.000 personas.
El PP reclama reinstaurar los controles en el proceso de empadronamiento
Según ha informado este miércoles el portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, acompañado por el concejal responsable de Seguridad, Vicent Gregori, el padrón municipal se encuentra actualmente fuera de control, con 1.238 viviendas en las que constan más de 6 personas empadronadas. Esta situación, denuncian, se está aprovechando para cometer posibles fraudes relacionados con ayudas públicas y regularizaciones administrativas.
Con todo esto, el Grupo Popular ha presentado una moción al pleno municipal de este mes para impulsar la creación de una ordenanza que ponga límites a los empadronamientos fraudulentos, con el objetivo de garantizar que cada alta en el padrón esté debidamente justificada.
Soler, por su parte, ha calificado la situación como “la tercera transformación de Gandia: una ciudad con barra libre de empadronamientos, sin verificar documentación, generando graves irregularidades que acaban perjudicando a los vecinos de siempre”.
El portavoz popular ha criticado que el gobierno socialista haya sido “incapaz de anticiparse ni de gestionar el problema que ellos mismos han creado”, asegurando que solo el PP ha tomado medidas reales para corregir esta situación. En este sentido, ha recordado que durante el anterior mandato popular se depuró el padrón en más de 5.000 personas, al detectar irregularidades similares.
“No se trata de cifras, se trata de garantizar la legalidad, proteger a quienes sí cumplen con los requisitos y evitar que se abuse de los recursos públicos”, ha afirmado Soler, quien también ha advertido de que este fenómeno podría tener consecuencias penales si se demuestra fraude documental o mal uso del padrón para acceder a subvenciones públicas.
El gobierno de Gandia tira del sanchismo para calificarlo de “anécdota”
Para Adrián Vila, concejal responsable actual del padrón municipal, no hay motivos para generar alarma, ya que el posible fraude afectaría a entre 70 y 100 personas, lejos de las miles que denuncia el Partido Popular. Además, recuerda que ya se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional y de los grupos políticos del Ayuntamiento de Gandia, que mantienen abierta una investigación.
El concejal socialista ha subrayado que fue él mismo quien informó directamente a Víctor Soler de la situación: “Si lo sabe, es porque yo se lo he contado”, por lo que ha apelado a la lealtad institucional.
Como medida preventiva, mientras se desarrollan las diligencias policiales y judiciales, se ha ordenado una instrucción interna para reforzar la verificación de la documentación que presentan quienes solicitan el empadronamiento. También se procederá a dar de baja de oficio, conforme a las directrices del INE, a aquellas personas que no cumplan los requisitos establecidos. Vila Flores niega que haya viviendas con más de diez personas empadronadas actualmente.
En cualquier caso, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que la administración actuó en cuanto detectó indicios de falsificación de contratos de alquiler. “Por eso se ha emitido una instrucción que refuerza los controles”, ha afirmado, y ha explicado que, por ejemplo, los contratos de arrendamiento deberán presentarse junto con una autorización expresa del propietario y copia de su DNI.
Fotógrafo / © Natxo Francés
