sábado, 14 marzo, 2026

Siete meses de demora en la comisión de la planta de biomasa dejan a Gandia sin una subvención de 218.000 euros

El PP denuncia la pérdida de la ayuda con fecha límite 31 de diciembre y acusa al gobierno municipal de falta de gestión

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El retraso en la constitución de la comisión técnica para estudiar una nueva ubicación de la planta de biomasa proyectada inicialmente en Marxuquera ha desembocado, según el Partido Popular, en la pérdida de una subvención de 218.000 euros, cuyo plazo límite expiraba el 31 de diciembre.

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, ha criticado que la comisión anunciada por el gobierno local el pasado mes de julio se haya constituido ahora, siete meses después del compromiso público, tras las quejas vecinales por la ubicación prevista en Marxuquera.

Subvención perdida y advertencias previas

Soler sostiene que su grupo había advertido reiteradamente del riesgo de perder la ayuda económica si no se cumplían los plazos administrativos. “El retraso ha provocado la pérdida de 218.000 euros”, ha señalado, calificando la situación de negligencia.

La ayuda estaba vinculada al desarrollo del proyecto y tenía como fecha tope el 31 de diciembre, un límite que finalmente no se cumplió.

Críticas a la gestión municipal

El portavoz popular ha acusado al Ejecutivo local de falta de gestión y de no haber ofrecido información clara a los vecinos afectados. A su juicio, la tardanza en convocar la comisión evidencia problemas de planificación interna.

Soler también ha cuestionado la política de personal del Ayuntamiento, afirmando que el gobierno municipal “sigue incrementando el capítulo de personal” mientras demuestra incapacidad para cumplir plazos.

Exigen presencia en la comisión

El PP ha solicitado formar parte de la comisión técnica, alegando que ha mantenido reuniones con vecinos y que, como grupo municipal, debe estar representado en un órgano que decidirá la futura ubicación de la planta de biomasa.

La constitución de la comisión abre ahora una nueva fase para el proyecto, aunque el debate político se centra en el coste económico de 218.000 euros perdido por la demora administrativa, según denuncia la oposición.

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