Una familia de Gandia ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento ha impedido la escolarización de su hija de 2 años, diagnosticada con encefalopatía epiléptica, a pesar de haber obtenido plaza en la Escoleta Municipal. Según relatan, la baja fue ordenada directamente por el consistorio sin ofrecer explicaciones claras y proponiendo únicamente una alternativa que no resuelve las necesidades de la menor.
El caso comenzó el 11 de julio, cuando en una reunión con representantes de Educación municipal y la concejala Esther Sapena se propuso derivar a la niña a un CEIP público, donde supuestamente contaría con menos ratio y con apoyo de un profesional de asistencia terapéutica infantil (PATI). Sin embargo, al visitar el centro comprobaron que la realidad era otra: la ratio era mayor, no existían apoyos disponibles y se llegó a plantear que la menor permaneciera la jornada “en un carrito o en brazos”.
Posteriormente, el 21 de julio, se les comunicó que la figura del PATI no podía solicitarse hasta los 3 años, dejando a la niña sin refuerzos educativos. La única opción ofrecida por el consistorio fue trasladar a la pequeña a otro CEIP, algo que los padres rechazan porque no garantiza seguridad ni recursos adaptados. “No se trata de no darnos alternativas, sino de que las que plantean no son viables para una niña con las necesidades de nuestra hija”, señalan.
El 8 de septiembre la familia descubrió en la propia Escoleta que su hija había sido dada de baja “por orden del Ayuntamiento”. Al acudir a dependencias municipales en busca de explicaciones, se les negó la entrada con el argumento de que era un asunto de la Conselleria. Sin embargo, días después, el inspector confirmó por escrito que la baja fue ordenada desde el Ayuntamiento de Gandia y no por la Generalitat.
Los padres defienden que la Escoleta Municipal es la opción más adecuada para la menor porque ofrece horario reducido, cercanía al CDIAT —al que acude tres veces por semana a logopedia y fisioterapia— y espacios adaptados a niños con menor autonomía. “Nunca se han valorado los recursos que realmente necesita nuestra hija”, lamentan.
La familia reclama ahora que el Ayuntamiento de Gandia revise la deficiencia que presentan estos casos y reconozca que “tener una discapacidad no es un asunto de gastos, sino una necesidad fundamental”.
Por el momento, el consistorio no ha dado explicaciones oficiales sobre la decisión adoptada ni ha ofrecido una solución que permita a la menor escolarizarse en condiciones dignas.
