Oliva suma este verano una nueva controversia. Tras la polémica por la alfalfa para caballos y el servicio de WhatsApp de control de drogas, ahora el debate llega por la instalación de 16 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en diferentes puntos de la ciudad.
El asunto salió a la luz tras la denuncia pública de la portavoz socialista Ana Morell Gómez, quien pidió explicaciones sobre la ubicación, finalidad y autorizaciones de estos dispositivos. Según denunció, parte de las cámaras no estarían enfocadas al tráfico, sino a contenedores de residuos y espacios concretos, lo que le hace sospechar que podrían usarse para vigilar conductas incívicas.
Desde el PSOE aseguran que no rechazan la utilidad de la videovigilancia, pero reclaman información clara y completa sobre los trámites realizados y las garantías legales. Morell planteó la cuestión en comisión municipal y en pleno, sin obtener respuestas hasta que el caso se hizo público.
Por su parte, el gobierno local, a través de su portavoz Joan Mata Cots, defiende que se trata de “un sistema piloto” que servirá de base para un proyecto integral de seguridad. Asegura que las cámaras “cumplen con toda la normativa vigente” y que se reparten en dos usos: ocho destinadas a la identificación de matrículas y otras ocho al control del entorno y seguridad vial.
El Ejecutivo que preside Yolanda Pastor ha acusado a la oposición de declaraciones “poco informadas y precipitadas”, que podrían generar confusión entre los ciudadanos, y recalca que la intención del consistorio es “informar con rigor”.
Las nuevas cámaras se han instalado en calles como Metge Demetrio Pi, Via Ronda, Guillem de Castro, València y Roderic d’Osona, además de puntos como el Camí Borriol, la Pujada de Sant Antoni y el aparcamiento de Oliva Nova.
Con esta medida, Oliva se adentra en un modelo de videovigilancia que, lejos de pasar inadvertido, ya ha levantado un intenso debate sobre su uso y alcance.
