sábado, 14 marzo, 2026

El PP advierte que Gandia puede perder 200.000 euros de subvención para la planta de biomasa

Soler acusa al alcalde José Manuel Prieto de falta de gestión por no haber creado aún la comisión de expertos prometida para buscar una ubicación alternativa en Marxuquera

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El Partido Popular de Gandia ha alertado del riesgo de perder cerca de 200.000 euros de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana para la construcción de una planta de biomasa en la ciudad, debido a la inacción del gobierno socialista que dirige José Manuel Prieto.

El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, y la concejala responsable del barrio, Silvia Riera, han denunciado este lunes en rueda de prensa que, tres meses después del anuncio oficial, el Ejecutivo local sigue sin constituir la comisión de expertos que debía estudiar una posible reubicación del proyecto.

Riera ha recordado que el pasado 29 de julio, el PP se reunió con los vecinos de Marxuquera, quienes expresaron su rechazo a la ubicación prevista de la planta de biomasa. “El gobierno prometió paralizar el proyecto y crear una comisión con todos los agentes implicados, pero no se ha hecho absolutamente nada”, lamentó la edil popular.

Por su parte, Víctor Soler ha calificado la actitud del alcalde de engaño y ha advertido que “la financiación tiene un plazo de ejecución que vence en diciembre, por lo que la falta de avances podría hacer que Gandia pierda la subvención autonómica”. Además, Soler ha recordado la última reunión de la Junta de Distrito de Marxuquera, donde el director general de Medio Natural de Gandia, Daniel Muñoz, reiteró que todavía no se había descartado el emplazamiento de la antigua cantera.

Si estuviésemos ante un gobierno eficaz y responsable, esa comisión ya estaría trabajando y se habrían iniciado los trámites necesarios para buscar alternativas o clarificar el futuro del proyecto”, afirmó Soler. “Pero una vez más, tenemos un alcalde que prefiere las fotos a las decisiones”, añadió.

El PP ha reclamado la creación inmediata de la comisión de expertos prometida, en la que participen todos los grupos políticos, y exige transparencia y rigor para garantizar el futuro del proyecto y los fondos comprometidos.

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