La paella gigante de las fiestas de Beniarjó ha terminado convirtiéndose en un caso administrativo de primer orden. La Agencia Valenciana Antifraude ha decidido investigar la gestión del Ayuntamiento tras detectar una llamativa discrepancia entre el coste anunciado por el consistorio y la factura oficial presentada por la empresa encargada de cocinarla.
El gobierno municipal, presidido por Óscar Barres (PSOE), aseguró que el evento supuso un gasto de 3.100 euros para las arcas públicas. Sin embargo, la compañía responsable del servicio emitió una factura de 396 euros —IVA incluido—, una diferencia que ha despertado sospechas y ha llevado al organismo autonómico a abrir un expediente informativo.
Pagos en metálico y cifras que no encajan
El origen del conflicto se remonta al pleno del 2 de octubre, cuando el concejal de Fiestas, Sergi Morant, trató de justificar el desfase económico. Explicó que se recaudaron 1.012 euros en metálico procedentes de la venta de raciones a 4 euros y que ese dinero fue entregado “periódicamente” a la Policía Local para su custodia.
Pese a ello, las cuentas siguen sin cuadrar. Entre el importe declarado, lo recaudado y la factura oficial, quedan vacíos que la oposición considera inaceptables.
El portavoz del PP en Beniarjó, Borja Ruiz, fue quien destapó públicamente las incongruencias. En su intervención, acusó al ejecutivo socialista de ocultar información y mantener una gestión económica opaca, y llegó a señalar que los datos “apuntan a posibles pagos irregulares o incluso a malversación”. Por ello, reclamó que el Ayuntamiento publique todas las facturas, movimientos y justificantes relacionados con la celebración.
El PP afirma además que dio al gobierno local un plazo de 24 horas para entregar la documentación completa, sin que —según aseguran— haya existido respuesta.
Un asunto que podría complicarse
Lo que debía ser un acto festivo más de las celebraciones patronales se ha transformado en un quebradero de cabeza para el gobierno de Barres. Ahora, con Antifraude analizando el caso, el consistorio tendrá que aclarar qué ocurrió con los importes, cómo se gestionó el dinero recaudado en metálico y por qué existe un salto tan grande entre lo declarado y lo facturado.
La investigación determinará si todo se debe a un error administrativo o si, por el contrario, hubo irregularidades que requieren responsabilidades.
