La Policía Nacional ha culminado en Gandia una operación contra una red criminal especializada en el empadronamiento fraudulento de personas extranjeras, un entramado que llevaba más de dos años operando en la ciudad y que habría registrado de forma irregular a 127 individuos. La investigación se ha saldado con la detención de cinco implicados —tres hombres y dos mujeres, de entre 28 y 47 años— imputados por falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
La actuación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, se inició el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias presentadas por vecinos que descubrieron que personas desconocidas figuraban empadronadas en sus viviendas sin ningún tipo de autorización. La mayoría de los afectados eran propietarios de edad avanzada, que en algunos casos llegaron a acumular más de diez empadronamientos ajenos en su domicilio.
Las primeras comprobaciones permitieron constatar la existencia de un grupo perfectamente estructurado, con al menos ocho miembros y un reparto claro de funciones, que operaba entre abril de 2023 y agosto de 2025. La organización se dedicaba a obtener de forma ilícita datos personales —principalmente mediante la sustracción de correspondencia de buzones, incluso forzándolos— para elaborar contratos de alquiler falsificados, completos con referencias catastrales, que luego presentaban ante el ayuntamiento para legitimar los trámites.
Gracias a estos documentos manipulados, lograban empadronar a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad administrativa, lo que facilitaba su acceso a certificados oficiales, el sistema sanitario y otros beneficios, contribuyendo así a favorecer procesos irregulares de residencia en España.
El negocio generaba importantes ingresos: los miembros de la red cobraban entre 200 y 1.000 euros por cada empadronamiento, siempre en metálico para evitar controles, lo que habría supuesto un beneficio estimado superior a 50.000 euros, además de otros 3.000 euros procedentes de falsos arrendamientos.
Tras ser arrestados y prestar declaración, los cinco detenidos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando se les requiera. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones conforme avancen las diligencias.
