El Ayuntamiento de Gandia ha reaccionado a la desarticulación por parte de la Policía Nacional de una red dedicada a empadronar fraudulentamente a ciudadanos extranjeros, un caso que ha reabierto el debate político sobre los controles en el padrón municipal.
Desde el Gobierno local, el edil de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, Adrián Vila, ha asegurado que “Gandia es una ciudad de orden” y ha recordado que el ayuntamiento colaboró desde el primer momento en la investigación policial. Según explicó, la Policía Local verificó sobre el terreno la situación de las viviendas afectadas y, de manera inmediata, se reforzaron las medidas internas para evitar nuevas inscripciones irregulares.
El concejal subraya que se actualizó el proceso de empadronamiento, exigiendo más documentación para acreditar la residencia real, y que se inició un procedimiento para dar de baja de oficio a las personas inscritas de forma indebida. El trámite concluyó el 16 de septiembre, fecha en la que estos ciudadanos dejaron de constar en el padrón municipal. Además, el Gobierno trabaja en una nueva ordenanza del padrón, consensuada con los grupos políticos, que limitará que más de ocho personas de familias distintas puedan registrarse en una misma vivienda.
El PP denuncia la eliminación del filtro en el padrón municipal
Frente a esta posición, el Partido Popular sostiene que la situación es consecuencia directa de la eliminación en 2019 del filtro de control del padrón, una medida implantada por el propio PP en 2014 y que permitió entonces depurar 2.600 empadronamientos. El portavoz popular, Víctor Soler, afirma que fue su grupo quien alertó públicamente de las irregularidades tras recibir testimonios de vecinos, lo que —según sostiene— motivó la investigación policial.
Soler denuncia que lo ocurrido “podría ser solo la punta del iceberg de una trama más profunda” que afectaría a la seguridad de los vecinos, la transparencia electoral y la asignación de recursos públicos. Además, acusa al Gobierno socialista de “no haber movido un dedo” pese a que el PP pidió recuperar los controles y redactar una nueva ordenanza, propuestas que reiteraron en los pactos de ciudad presentados en agosto.
El portavoz recuerda también antecedentes de empadronamientos ilegales en etapas anteriores y exige ahora la creación inmediata de una comisión de investigación para esclarecer cómo se ha llegado a esta situación y por qué no se activaron controles a tiempo. “El alcalde José Manuel Prieto tendrá que ofrecer muchas explicaciones tras años de pasividad en un asunto extremadamente grave”, concluyó.
Fotógrafo / © Àlex Oltra
