Gandia avanza en el desarrollo de vivienda asequible con un nuevo impulso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana. Cinco empresas del sector de la construcción se han presentado a la licitación para edificar 61 viviendas de protección pública en el sector Santa Anna, una de las áreas con mayor proyección residencial de la ciudad.
La actuación se llevará a cabo en una parcela propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), situada en la calle Proyecte D 1, y forma parte de la estrategia autonómica para incrementar el parque público de vivienda mediante la movilización de suelo público y la colaboración público-privada.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha valorado positivamente el interés mostrado por las empresas, subrayando que este tipo de iniciativas permiten dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda en municipios con alta demanda como Gandia. Según ha señalado, el Plan Vive está facilitando la construcción de nuevas promociones tras años de escasa actividad en vivienda protegida.
Las viviendas previstas en Gandia se destinarán principalmente a alquiler asequible, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de acceso, entre ellos los jóvenes, para quienes el Plan Vive reserva al menos el 40% de las viviendas. El objetivo es ofrecer alternativas habitacionales a precios por debajo del mercado libre y favorecer la emancipación y la estabilidad residencial.
De acuerdo con el sistema de permuta establecido en la licitación, las empresas que resulten adjudicatarias deberán entregar a la Generalitat un número determinado de viviendas, que se incorporarán al parque público autonómico y se gestionarán como alquiler protegido.
Desde la Generalitat se destaca que Gandia se consolida como uno de los municipios estratégicos en la política de vivienda, en un contexto marcado por el crecimiento demográfico y el aumento de la presión sobre el mercado del alquiler. La futura promoción en el sector Santa Anna supone así un paso relevante para ampliar la oferta de vivienda protegida y reforzar el papel de la administración pública como garante del acceso a una vivienda digna.
