La gestión de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gandia vuelve a situarse en el centro del debate político tras la acumulación, en los últimos meses, de varias resoluciones judiciales y recursos promovidos por organizaciones sindicales relacionados con procesos de provisión de puestos y reclamaciones de personal municipal. Sobre este escenario, el Partido Popular ha cargado este miércoles contra el gobierno de José Manuel Prieto, al que acusa de mantener un modelo de gestión “basado en la improvisación, el enchufismo y el desprecio a la legalidad”.
En una comparecencia pública, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, junto a los concejales Vicent Gregori y Guillermo Barber, sostuvo que las últimas decisiones judiciales y las actuaciones impulsadas por los sindicatos confirman las denuncias que su formación viene realizando desde hace años sobre el funcionamiento del área de Recursos Humanos.
El PP se apoya en las últimas resoluciones judiciales
Los populares hicieron referencia, en primer lugar, a la resolución judicial que anuló las bases de un proceso para la provisión de puestos de agente de la Policía Local mediante comisión de servicios al considerar que no se ajustaban a Derecho. Asimismo, citaron el recurso presentado recientemente por STAS Intersindical Valenciana contra las bases de tres puestos de máxima responsabilidad municipal, entre ellos la Jefatura de Recursos Humanos, al entender que no se habrían negociado conforme a la normativa vigente.
El concejal Vicent Gregori aseguró que estos procedimientos reflejan una forma de gestionar “al margen de la negociación” y lamentó que los conflictos relacionados con el personal municipal acaben de forma reiterada en los tribunales.
“Los propios sindicatos y los tribunales están demostrando que en Recursos Humanos se gobierna al margen de la negociación y de la legalidad”, afirmó.
Barber compara la gestión de Prieto con el caso de David Sánchez
Durante la comparecencia, el concejal Guillermo Barber estableció un paralelismo entre la gestión del gobierno socialista y el conocido como caso David Sánchez, donde el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público.
“Prieto hace en el Ayuntamiento de Gandia exactamente lo mismo que Pedro Sánchez con el caso de su hermano: trajes a medida para los suyos. Hablan de igualdad y transparencia mientras diseñan procedimientos que acaban siendo recurridos por los propios sindicatos”, manifestó.
Barber también recordó la reciente condena al Ayuntamiento para abonar más de 16.500 euros, además de intereses y costas, a una trabajadora municipal por diferencias retributivas reclamadas desde 2023.
A su juicio, “cada sentencia, cada recurso y cada condena tienen un coste que terminan pagando todos los gandienses”, tanto por el impacto económico como por el desgaste institucional que, según afirmó, sufre el Ayuntamiento.
Soler: “No son errores aislados”
Para Víctor Soler, la sucesión de resoluciones judiciales y conflictos laborales ya no puede interpretarse como hechos puntuales.
El portavoz popular sostuvo que la coincidencia de una condena por diferencias salariales, otra resolución que anuló un proceso de provisión de puestos y un nuevo recurso sindical contra varias convocatorias de alta responsabilidad evidencia, a su juicio, “un modelo de gestión que hace aguas”.
Además, señaló al exconcejal responsable de Personal, Adrián Vila, al considerar que durante su etapa se han acumulado enfrentamientos con los sindicatos, impugnaciones y resoluciones judiciales desfavorables para el Ayuntamiento de Gandia.
Por último, el Partido Popular reclamó al alcalde socialista José Manuel Prieto que dé explicaciones sobre la situación del área de Recursos Humanos, asuma las responsabilidades políticas que correspondan y garantice que los procesos de selección y provisión de puestos se desarrollen con transparencia y respetando la legalidad.
