El Tribunal Supremo ha confirmado de forma definitiva la condena al Ayuntamiento de Gandia por el impago de los apartamentos utilizados para alojar a familias afectadas por el incendio forestal declarado en agosto de 2018, durante el mandato de Diana Morant como alcaldesa de la ciudad.
Tal y como publicó este martes el diario El Debate, el Alto Tribunal ha inadmitido el recurso presentado por el Consistorio, ratificando así las resoluciones dictadas previamente tanto por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gandia como por la Audiencia Provincial de Valencia, que condenan al Ayuntamiento a abonar 228.555,98 euros, además del IVA correspondiente, los intereses generados y las costas procesales.
El origen del conflicto
Los hechos se remontan al 6 de agosto de 2018, cuando un grave incendio forestal obligó a desalojar a más de 2.500 vecinos de distintas urbanizaciones de Gandia, entre ellas Marxuquera Alta, Montepino, Montesol, Las Cumbres y La Ermita.
Ante la emergencia, el Ayuntamiento activó un dispositivo para realojar a las familias afectadas en hoteles y apartamentos turísticos de la ciudad.
Según recoge la información publicada por El Debate, la entonces alcaldesa, Diana Morant, participó directamente en la coordinación inicial del operativo, impulsando la búsqueda de alojamientos disponibles a través del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).
Un acuerdo verbal que nunca llegó a firmarse
Mientras varios establecimientos hoteleros ofrecieron habitaciones gratuitamente o con tarifas reducidas, la empresa Diadema S.L., propietaria de los Apartamentos Biarritz, aceptó alojar a las familias tras alcanzar un acuerdo verbal con el Ayuntamiento.
Según las resoluciones judiciales, ambas partes pactaron que el Consistorio asumiría el coste del alojamiento y los gastos derivados de la ocupación, además de devolver los apartamentos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.
El acuerdo debía formalizarse por escrito pocos días después, pero nunca llegó a firmarse.
Las sentencias consideran acreditado que esa falta de documentación fue responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, pese a los reiterados requerimientos realizados por la empresa durante los meses posteriores.
La Justicia rechaza que fuera una cesión gratuita
Durante todo el procedimiento judicial, el Ayuntamiento defendió que la utilización de los apartamentos respondía a una cesión solidaria y gratuita, al producirse en una situación de emergencia.
Sin embargo, tanto el juzgado como la Audiencia Provincial y, finalmente, el Tribunal Supremo, han rechazado ese planteamiento.
Los tribunales recuerdan que, conforme a la jurisprudencia, las cesiones de inmuebles se presumen onerosas, salvo que exista una prueba clara que demuestre su gratuidad, circunstancia que el Ayuntamiento no logró acreditar durante el proceso.
La sentencia concluye además que mantener durante varios meses las llaves y el uso de los apartamentos resulta incompatible con la existencia de una simple cesión gratuita, reforzando así la obligación de abonar el importe reclamado.
Condena firme
La decisión del Tribunal Supremo convierte ahora la condena en firme, obligando al Ayuntamiento de Gandia a satisfacer a Diadema S.L. los 228.555,98 euros, además del IVA, los intereses acumulados y las costas judiciales.
La resolución pone fin a un procedimiento iniciado hace varios años y relacionado con una de las actuaciones de emergencia desarrolladas durante el incendio forestal que afectó al término municipal de Gandia en el verano de 2018.
